lunes, 9 de noviembre de 2015

DESAFÍO INSTITUCIONAL EN CATALUÑA. Rule of Law y Autoridades Responsables.

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Los países más desarrollados se caracterizan porque prevalece "the Rule of Law" o, en español, el cumplimiento de la Ley vigente, que debe aplicarse a todos los ciudadanos sin excepción. 

La institución Rule of Law requiere que las autoridades sean responsables en la exigencia del cumplimiento de las leyes y el alcance de la Ley hasta el último rincón del territorio prevaleciendo sobre las mafias de barrio, los reyezuelos locales y las oligarquías regionales que aprovechan el "vacío en el ejercicio del poder legítimo" (soberanía reside en el pueblo español) para medrar dinero y poder de los incautos ciudadanos: engañándoles con una utopía,  adoctrinándoles con una distopía y/o guiándoles en contra de su voluntad en un proceso de ingeniería social que se caracteriza por la  coacción permanente, mediante leyes en contra de los derechos individuales a la vida, la libertad, la propiedad o la igualdad de trato ante la Ley.



1) Importancia institucional de "the Rule of Law" en ESPAÑA

En España, cuando exigimos que se aplique "the Rule of Law" a todos los ciudadanos, nos referimos a la importancia para que exista una sociedad abierta y libre de que se produzca el cumplimiento de la Ley por los ciudadanos y por las autoridades públicas: tanto la Constitución Española de 1978 como, también, el Código Penal y el resto del ordenamiento jurídico.

Creo debe destacarse que algunos ciudadanos venimos exigiendo desde hace años que, de una vez por todas, se aplique la Ley a las oligarquías que vienen actuando sin límites "políticos" ni restricciones "jurídicas" en Cataluña y otras regiones, medrando del erario público, bloqueando y atacando el marco institucional de España con barreras, redes clientelares y cientos de miles de normas autonómicas, desvertebrando cual reinos de Taifas, desde hace más de 40 años.

Oligarquías "extractivas" de los recursos de una región como Cataluña por medio de las innumerables tramas de de corrupción de la Famiglia Pujol & Cía (3%+5%). Oligarquías "destructivas" de la Ley y del propio sistema político porque pretenden incumplir la ley vigente para imponer un regimen totalitario mediante una república comunista en Cataluña (ERC, CUP...) para "maximizar" sus ansias de dinero y poder sobre el territorio de Cataluña y las regiones limítrofes.

En Cataluña, se ha aleccionado a cientos de miles de ciudadanos, tergiversando durante 40 años la religión, la cultura y la historia de un territorio para denominarlo "terra mítica" (països catalans) pero, en realidad, la ideología del nacional-separatismo intenta controlar políticamente a la población de una región y trata el territorio como su propio "latifundio" donde medran poder y dinero (3%+5%) de las haciendas de los pobres ciudadanos de Cataluña y del resto de España. 

Desde el punto de vista del análisis del marco institucional de España, el desbordamiento de la Ley por las corruptas oligarquías regionales ha sido tolerado irresponsablemente por la inacción cobarde y por los tituveos vergonzosos de los sucesivos Gobiernos y Parlamentos de España que, desde hace décadas, no se atreven a aplicar con contundencia el Código Penal y el Artículo 155 de la Constitución a los políticos que incumplen el ordenamiento jurídico de España.

Todo ello ocurre debido a la pavorosa inacción de un conjunto de malos políticos de segundo o tercer  nivel, en nada semejantes a un Winston Churchill o a un Konrad Adenauer. Y todo ello acontece por la carencia de independencia del poder judicial y por los ficales y jueces "politizados". Esperemos que, al menos, la evidente carencia de moral en el ejercicio de las responsabilidades públicas, en los momentos finales de sus vidas, les mueva al sonrojo, a la congoja y al perpetuo remordimiento de sus oscuras conciencias. 

Por la irresponsabilidad institucional de muchos altos cargos, esta semana los españoles y el marco institucional de España tenemos que afrontar una COYUNTURA CRÍTICA [tal y como definen Acemoglu & Robinson (2012: 136 y ss.) este tipo de desafíos institucionales] a la que han "guiado" las mentes perversas de los Mesas políticos de la religión "secular" del nacional-separatismo en Cataluña.


2) Acto de Desobediencia y Sedición del Parlamento de Cataluña:   9 de noviembre de 2015
 
Hoy lunes, 9 de noviembre de 2015, el Parlamento de Cataluña pretende aprobar un acto de "desconexión con España" en contra de la Constitución de 1978 (ratificada por la inmensa mayoría de los ciudadanos el 6 de diciembre de 1978) y en contra de las leyes vigentes en España, lo que está tipificado como Delito de Desobediencia en el Artículo 506 y, adicionalmente, sin duda, incurrirán en el Delito de Rebelión tipificado en el Art. 472 y siguentes del Código Penal que, a continuación, expongo para que los lectores tengan conciencia plena de que controlar el desafío institucional en Cataluña es bien fácil, tan sólo necesitamos que las autoridades actúen con responsabilidad y apliquen la LEY vigente:

  • Artículo 472

Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes:

1.º Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución.

2.º Destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al Rey o Reina o al Regente o miembros de la Regencia, u obligarles a ejecutar un acto contrario a su voluntad.

3.º Impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos.
4.º Disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado o cualquier Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan, arrancarles alguna resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o competencias.
5.º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.
6.º Sustituir por otro el Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o usar o ejercer por sí o despojar al Gobierno o Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o a cualquiera de sus miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad.
7.º Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno.
  • Artículo 473

1. Los que, induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión, y los jefes principales de ésta, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinticinco años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo; los que ejerzan un mando subalterno, con la de prisión de diez a quince años e inhabilitación absoluta de diez a quince años, y los meros participantes, con la de prisión de cinco a diez años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años.
2. Si se han esgrimido armas, o si ha habido combate entre la fuerza de su mando y los sectores leales a la autoridad legítima, o la rebelión hubiese causado estragos en propiedades de titularidad pública o privada, cortado las comunicaciones telegráficas, telefónicas, por ondas, ferroviarias o de otra clase, ejercido violencias graves contra las personas, exigido contribuciones o distraído los caudales públicos de su legítima inversión, las penas de prisión serán, respectivamente, de veinticinco a treinta años para los primeros, de quince a veinticinco años para los segundos y de diez a quince años para los últimos.


  • Artículo 474

Cuando la rebelión no haya llegado a organizarse con jefes conocidos, se reputarán como tales los que de hecho dirijan a los demás, o lleven la voz por ellos, o firmen escritos expedidos a su nombre, o ejerzan otros actos semejantes de dirección o representación.

  • Artículo 475

Serán castigados como rebeldes con la pena de prisión de cinco a diez años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años los que sedujeren o allegaren tropas o cualquier otra clase de fuerza armada para cometer el delito de rebelión.
Si llegara a tener efecto la rebelión, se reputarán promotores y sufrirán la pena señalada en el artículo 473.


  • Artículo 476

1. El militar que no empleare los medios a su alcance para contener la rebelión en las fuerzas de su mando, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años e inhabilitación absoluta de seis a diez años.
2. Será castigado con las mismas penas previstas en el apartado anterior en su mitad inferior el militar que, teniendo conocimiento de que se trata de cometer un delito de rebelión, no lo denuncie inmediatamente a sus superiores o a las autoridades o funcionarios que, por razón de su cargo, tengan la obligación de perseguir el delito.

  • Artículo 477

La provocación, la conspiración y la proposición para cometer rebelión serán castigadas, además de con la inhabilitación prevista en los artículos anteriores, con la pena de prisión inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente.

  • Artículo 478

En el caso de hallarse constituido en autoridad el que cometa cualquiera de los delitos previstos en este capítulo, la pena de inhabilitación que estuviese prevista en cada caso se sustituirá por la inhabilitación absoluta por tiempo de quince a veinte años, salvo que tal circunstancia se halle específicamente contemplada en el tipo penal de que se trate.


  • Artículo 479

Luego que se manifieste la rebelión, la autoridad gubernativa intimará a los sublevados a que inmediatamente se disuelvan y retiren.
Si los sublevados no depusieran su actitud inmediatamente después de la intimación, la autoridad hará uso de la fuerza de que disponga para disolverlos.
No será necesaria la intimación desde el momento en que los rebeldes rompan el fuego.

  • Artículo 480

1. Quedará exento de pena el que, implicado en un delito de rebelión, lo revelare a tiempo de poder evitar sus consecuencias.
2. A los meros ejecutores que depongan las armas antes de haber hecho uso de ellas, sometiéndose a las autoridades legítimas, se les aplicará la pena de prisión inferior en grado. La misma pena se impondrá si los rebeldes se disolvieran o sometieran a la autoridad legítima antes de la intimación o a consecuencia de ella.


  • Artículo 481

Los delitos particulares cometidos en una rebelión o con motivo de ella serán castigados, respectivamente, según las disposiciones de este Código.
  • Artículo 482
Las autoridades que no hayan resistido la rebelión, serán castigadas con la pena de inhabilitación absoluta de doce a veinte años.


  • Artículo 483

Los funcionarios que continúen desempeñando sus cargos bajo el mando de los alzados o que, sin habérseles admitido la renuncia de su empleo, lo abandonen cuando haya peligro de rebelión, incurrirán en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis a doce años.


  • Artículo 484
Los que aceptaren empleo de los rebeldes, serán castigados con la pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años.




3) CONCLUSIÓN:

Solo podemos esperar y comprobar si las instituciones democráticas de España (Gobierno, Parlamento, Tribunales...) estarán a la altura intelectual que requieren las circunstancias y lograrán corregir la involución institucional que plantean MAS, PUJOL & Cía (3%+5%)... 


OJALÁ ASÍ SEA !!!

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