jueves, 11 de diciembre de 2014

INSTITUCIONALISMO. Ciudadanos frente a las ideologías o religiones de la política

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A lo largo del siglo XX y, también, a comienzos del siglo XXI, se ha podido comprobar como las utopías ignoran la importancia fundamental de las instituciones (morales, jurídicas y políticas) que son responsables de la acción humana en libertad y, por tanto, influyen de un modo determinante sobre los millones de interacciones y intercambios que se producen en el orden del mercado, espontáneo y abierto.

Las utopías conducen hacia la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo o en el intervencionismo, porque coaccionan la libertad de interactuar de los seres humanos en el orden de mercado y desvían el poder y el dinero hacia las oligarquías “extractivas” y “destructivas” que secuestran el orden político en favor de sus redes clientelares.

1. Instituciones morales, jurídicas y políticas determinantes del orden de mercado

El orden de mercado emerge siempre con mayor intensidad allí donde existe mayor libertad acción humana por medio de los derechos de propiedad que garantizan el cumplimiento de los acuerdos y contratos libremente consentidos. Éstos impulsan el ejercicio de la acción humana, que es equivalente al ejercicio de la función empresarial con procesos permanentes de innovación y coordinación que generan (y, a su vez, son generados por) la eficiencia dinámica en Economía.

Sin embargo, el orden de mercado no se puede ejercer en el vacío institucional, dado que la acción de los seres humanos se ejerce buscando la eficiencia dinámica pero, siempre, se quiera o no, con la influencia de las ideas y de las relaciones humanas que se establecen en el seno de órdenes en los ámbitos religioso, moral, jurídico y político que son espontáneos pero menos abiertos que el orden económico o de mercado.

Es decir, el orden de mercado sólo puede impulsarse en un territorio cuando existen instituciones que conforman un marco institucional que proporciona la triple seguridad vital (exterior, interior y jurídica) a las personas que habitan un territorio y, por tanto, a las interacciones e intercambios que tienen lugar entre los seres humanos. El orden político o del «ejercicio del poder» sobre un territorio es eminentemente oligárquico y condiciona el ejercicio de la acción humana y, por tanto, de la función empresarial que caracteriza el orden de mercado.

La ley de hierro de la oligarquía es universal de forma que aplica siempre sobre cualquier época y lugar, por lo que históricamente puede observarse cómo el orden político es ejercido sobre un territorio con instituciones políticas más cerradas o más abiertas a la sociedad civil en función del arraigo entre la población de las instituciones morales y jurídicas que distinguen el marco institucional de cada país de modo que:

a)      Proceso de Evolución Institucional. Cuando las instituciones políticas son liberadas y/o gestionadas por líderes “inclusivos” de todos los ciudadanos y “integradores” de todas las regiones, se produce un proceso de evolución institucional hacia una sociedad civilizada, abierta y libre. En estos casos, el orden de mercado actúa con niveles máximos de libertad. 

b)      Proceso de Involución Institucional. Cuando las instituciones políticas quedan secuestradas por oligarquías “extractivas” de los recursos y “destructivas” del propio orden político en sus intentos por maximizar el dinero y el poder “guiando” un territorio, se produce un proceso de involución institucional hacia una sociedad tribal o colectivista, cerrada, coactiva y violenta. En estos casos, disminuye la libertad de las personas que interactúan en el orden de mercado, debido a la intervención política.

En los procesos de involución institucional, los ciudadanos quedan atrapados en lo que hemos denominado una jaula de hierro de la oligarquía, construida entorno al aumento constante del tamaño del Estado y la invasión por la política de todos los ámbitos de decisión del individuo. Se multiplican los casos de corrupción y, sistemáticamente, el orden de mercado es regulado e intervenido en favor de las redes clientelares de la casta política, actuando el aparato estatal en beneficio de las oligarquías que controlan las instituciones.

Como consecuencia de ello, liberarse de la jaula de hierro de la oligarquía es una cuestión clave para que los ciudadanos puedan actuar con libertad en el orden de mercado, mejorando su riqueza pero, más allá de los principios del crecimiento económico, para que los ciudadanos puedan vivir en una sociedad civilizada, abierta y libre.


2. Institucionalismo

Al igual que ocurrió en la Gran Depresión del 1929, debido a la profundidad de la crisis económica y financiera de la Gran Recesión del 2007, estamos en un momento pre-revolucionario donde se está produciendo un cambio “estético” en la percepción por los ciudadanos del orden político porque se está desvelando la naturaleza luciferina y la podredumbre moral de la casta política en el perverso juego con el que construyen sobre la población la mencionada jaula de hierro de la oligarquía. En su base, se trata de una crisis moral, jurídica y política que tiene repercusiones económicas y financieras y que permite observar los efectos perversos del socialismo o, de su versión posmoderna, el intervencionismo.

Por ello, quizás ha llegado pues el momento de superar las ideologías o religiones de la política que, desde la revolución francesa de 1789, sirven como dogma a las oligarquías, guían hacia el cientifismo constructivista, incrementan el tamaño del Estado y, sistemáticamente, intervienen sobre la libertad en la acción humana y, por tanto, conducen hacia la imposibilidad de cálculo económico a medio y largo plazo, buscando utopías alejadas de la realidad.

En el contexto del actual deterioro institucional, es especialmente importante promover el  institucionalismo en el sentido de superar las ideologías que sirven a los intereses de los políticos “intervencionistas de todos los partidos” y fijarse en las instituciones (Why Nations Fail) para que los ciudadanos identifiquen y elijan democráticamente aquellos líderes que actúan con honestidad, honradez y decencia para conseguir, paso a paso, escalonadamente, la regeneración moral, jurídica, política y, por ende, económica de un país.

El institucionalismo se centra en el análisis económico del derecho, la elección pública, la acción humana y la función empresarial en el seno de un marco institucional para dotar a un país de instituciones democráticas sólidas y fuertes.

Entendiendo por instituciones democráticas sólidas y fuertes aquellas que dotan un Estado de Derecho, digno de tal nombre, en donde, entre otras instituciones jurídicas, existen el cumplimiento de la ley [1], la separación de poderes [2], la independencia judicial [3], la tutela judicial efectiva [4], las garantías procesales [5], el referéndum obligatorio [6] en las decisiones trascendentales para el futuro de un país, la elección libre y directa de representantes [7]… porque son instituciones fundamentales que permiten que los ciudadanos deshagan la jaula de hierro de la oligarquía mediante la limitación, la persecución y las sentencias ejemplarizantes sobre los delitos de las oligarquías extractivasy destructivas.

Éstas instituciones democráticas sólidas y fuertes se basan en instituciones o valores morales, fijos e inmutables como, entre otros, el derecho a la vida, la libertad, la propiedad y la igualdad de trato ante la ley, que no pueden ser relativizados y coaccionados por los intervencionistas de todos los partidos: los tradicionales del “consenso social-demócrata” o los nuevos de la demagogia totalitaria (comunista, fascista, nacional-socialista, nacional-separatista…).


3. Evolución de las instituciones

El institucionalismo se basa en la teoría de la evolución institucional de los países que explica cómo los ciudadanos de bien deben aprender a identificar y elegir para los cargos públicos a los líderes inclusivos e integradores que se caracterizan por actuar con valores morales como la honradez, la honestidad y la decencia y por impulsar un proceso de triple regeneración institucional (o proceso «3R»):
  • Recuperación de los valores o, si se prefiere, de las instituciones morales entre una mayoría de ciudadanos de bien que constituyen la base del crecimiento económico pero que, también, son la base del arraigo de una sociedad civilizada, abierta y libre.
  • Regeneración de la democracia o, si se prefiere, de las instituciones jurídicas que permiten que arraigue un Estado de Derecho, digno de tal nombre, que garantiza la triple seguridad (exterior, interior y jurídica) y permite que los ciudadanos con valores elijan en elecciones democráticas, libres y directas, a los líderes líderes “inclusivos” de todos los ciudadanos e integradores de todas las regiones para:
a)      Reformar el marco jurídico para luchar contra la corrupción de la casta política.

b)      Profundizar en la democracia para poner límites a las oligarquías: organización territorial racional, separación de Poderes, Independencia Judicial, Elecciones por circunscripciones uninominales…

c)       Maximizar la libertad en el país para que arraiguen los principios del crecimiento económico: protección de los derechos de propiedad y de la función empresarial, unicidad de mercado, desregulación de mercados intervenidos…

  • Reducción del tamaño del Estado o, si se prefiere, reducción de las instituciones políticas para que arraiguen los principios de una sociedad civilizada, abierta y libre (vida, familia, libertad…) y, consecuentemente, también los principios del crecimiento económico (propiedad, unicidad de mercado, desregulación de mercados intervenidos, función empresarial…). Sin este último proceso, los políticos involucionan el marco institucional, coaccionando los derechos y las libertades individuales de los ciudadanos.

4. Proceso de triple regeneración institucional

El institucionalismo consiste en la protección de las instituciones morales por medio de instituciones jurídicas y políticas que doten un Estado de Derecho, digno de tal nombre, garantizando la triple seguridad (exterior, interior y jurídica) que requieren los ciudadanos para actuar en el orden de mercado con mínima (o nula) coacción del orden político.

Ante el deterioro institucional, el institucionalismo propone un proceso de triple regeneración institucional (o proceso «3R») que se caracteriza por recuperar valores, regenerar la democracia y reducir el tamaño del Estado. Los tres procesos de regeneración son cruciales para que operen los principios del crecimiento económico y arraiguen las bases de una sociedad civilizada, abierta y libre.

El institucionalismo trata de que prevalezcan las instituciones morales y jurídicas, minimizando las instituciones políticas, lo que requiere medidas de profundización en la democracia, es decir, de transferencia del poder a los ciudadanos frente a la casta política de las oligarquías. Es posible si y solo si limita el tamaño de las administraciones públicas en los ámbitos local, regional y central.

Su principal hándicap es que requiere que se explique didácticamente a los ciudadanos de bien la importancia esencial de evitar el estatismo y, por tanto, la necesidad de minimizar las formas de lo político (ayuntamientos, diputaciones, autonomías, Estado central) que liberan o bien intervienen a los ciudadanos en función de su control por líderes inclusivos e integradores o, en su caso, por oligarquías extractivas y destructivas, respectivamente.

En resumen, los ciudadanos deben abandonar el concepto caduco del «papá» Estado como proveedor de la «felicidad en la Tierra» para actuar con responsabilidad individual y buscar las soluciones que ofrece el orden de mercado, dejando de quejarse como plañideras por el retorno de un Estado del bienestar que es inviable económicamente, controlado siempre en mayor o menor medida por una casta política que, conscientemente, aumenta su peso para extraer mayores recursos públicos y redistribuirlos con corrupción, prevaricación y malversación de fondos públicos en favor de sus redes clientelares, por lo que termina alcanzando niveles insostenibles económicamente, cercanos o superiores al 50% del PIB.

El institucionalismo da máxima importancia a la evolución del marco institucional a favor de la libertad de los ciudadanos y se centra en promover las instituciones morales, jurídicas y políticas que permiten transitar desde el Estado de Bienestar hacia una Sociedad de bienestar o de propietarios, en donde las personas actúan libremente trabajando, ahorrando, invirtiendo, consumiendo y disfrutando de sus derechos individuales en un orden de mercado con mínima (o nula) coacción estatal. Permítanme poner tres ejemplos aplicados al caso del deterioro institucional en España:
  • La protección sólida y fuerte de una institución como la propiedad privada (Artículo 33 CE) mediante su tutela judicial efectiva (Artículo 53 CE) permitiría que se desarrollase una sociedad de propietarios con mínima o nula extracción de recursos por parte de los políticos y sus redes clientelares.
  • La protección sólida y fuerte de la institución que constituye la libertad de empresa (Artículo 38 CE) mediante su tutela judicial efectiva (Artículo 53 CE) permitiría la desregulación de los mercados intervenidos (Artículo 139 CE) y impulsaría una mayor prosperidad para todo un país. Así, por ejemplo, el mercado laboral con un contrato vinculado a una mochila austriaca o, si se prefiere, una CPL (Cuenta de Prestaciones Laborales) permitiría que las empresas y los trabajadores fuesen depositando ahorros que capitalizan y previenen eficientemente cualquier contingencia laboral (enfermedad, quiebra, despido, nueva empresa…) que quiera abordar el empleado.
  • La eliminación de las barreras comerciales permite aumentar el progreso de los ciudadanos. Por ello, la eliminación y limitación de las competencias autonómicas (Artículo 148 CE) en España permitiría aumentar el comercio y, lo que es más importante, permitiría que no se formasen dictaduras de proximidad con 17 Reinos de Taifas, 17 parlamentos, 17 gobiernos. Sería tremendamente beneficiosa la eliminación de 17 legislaciones interfiriendo con más de 200 kilómetros de papel y 700.000 folios de Diarios Oficiales Autonómicos al año y con una hipertrofia legislativa que multiplica por 14 la normativa de la administración central y acumula más de 65.000 leyes autonómicas. Como consecuencia de la burbuja normativa, existen más de 100.000 normas vigentes que impiden a unicidad de mercado y que interponen miles de barreras sobre las interacciones e intercambios libres de los ciudadanos de una nación como España.
En definitiva, ha llegado el momento del institucionalismo o, si se prefiere, de que los ciudadanos otorguen la máxima importancia a los tres procesos simultáneos de regeneración institucional en los ámbitos moral, jurídico y político, porque ejercen una influencia trascendental sobre el desempeño económico y, también,  en el arraigo de una sociedad civilizada, tal y como identificaron en los siglos XVI y XVII los autores de la Escuela de Salamanca o, si se prefiere, de la Escuela Española de Economía.

El institucionalismo debe ser entendido como un concepto “desideologizado” que no distingue entre posiciones de derechas o de izquierdas, pero que sí diferencia claramente entre las oligarquías “extractivas” y “destructivas” y los líderes “inclusivos” e “integradores” que se distinguen por promover el arraigo de un marco institucional que sea “inclusivo” de todos los ciudadanos e “integrador” de todas las regiones, que es lo que caracteriza el orden extenso, complejo y abierto de colaboración humana que denominamos sociedad civilizada.



5. Procesos de reforma constitucional en favor de las instituciones


El deterioro institucional en España es enorme por el efecto de corrupción de los presupuestos públicos y por el efecto de destrucción del orden político que está ejerciendo la casta política de oligarquías extractivas y destructivas que intentan proteger sus latifundios de dinero en sobres y de poder omnímodo sobre la población que está cautiva en los Reinos de Taifas, entes los que se han convertido las autonomías por las graves fisuras normativas de la Constitución Española de 1978 y por los malos usos y las perversas costumbres derivadas de ellas. 

Desde una perspectiva institucionalista, existen dos perspectivas de orientación de una reforma constitucional, dado que, más pronto que tarde, se abordará una reforma constitucional que, obviamente, incidirá para bien o para mal sobre la estructura institucional del país.

El objetivo de los ciudadanos de bien debe ser la orientación de una reforma constitucional hacia los derechos y libertades individuales, es decir, hacia la protección de las instituciones morales y jurídicas que son responsables del crecimiento en Economía y, también, arraigan una sociedad civilizada, abierta y libre. 

El deterioro institucional seguirá incrementándose por los desafios separatistas ante la inacción de un Gobierno de pusilániomes y, según revelan las últimas encuestas, por la posibilidad real de que gobierne un nuevo "frente popular" (PSOE, Podemos, IU...), todos ellos intentando imponer procesos de colectivización de la sociedad y, por tanto, intentando intervenir aún más sobre la vida de los ciudadanos con sus dogmas de fe y sus ideologías revolucionarias que "guiarían" una reforma cientista de la CE y llevarían el país hacia el empobrecimiento sociocultural y económico.

Desde la perspectiva de análisis del institucionalismo existen dos posibles reformas de la Constitución Española de 1978: una reforma parcial, menos probable, escalonada y "light" por el artículo 167 CE ó bien una reforma total, más probable, rupturista y profunda liberando a los ciudadanos de la jaula de hierro de las oligarquías por aplicación del artículo 168 CE. 

En cualquiera de los dos escenarios, hay que intentar que constituyan reformas constitucionales de evolución institucional en el sentido de limitar y minimizar las instituciones políticas empezando por el tamaño del Estado y en el sentido de proteger las instituciones morales y jurídicas empezando por los derechos individuales a la vida, la libertad, la propiedad privada y la igualdad de trato ante la ley y, entre otros, siguiendo con la separación de poderes, la independencia del poder judicial, las elecciones libres y directas, el referéndum obligatorio...
 
a)      Escenario 1. Reforma constitucional: parcial, menos probable, escalonada y a corto plazo, aplicando el artículo 167 CE. Propuestas de evolución institucional:

 
b)      Escenario 2. Reforma constitucional total: mas probable, rupturista y a medio plazo, aplicando el artículo 168 CE. Propuestas de evolución institucional:

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